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Maxi sanción de 10 millones de euros para la empresa, video vigilancia indiscriminada sobre los empleados en los entornos laborales.

Maxi sanción de 10 millones de euros para la empresa, video vigilancia indiscriminada sobre los empleados en los entornos laborales.

Desde hace dos años una sociedad de e-commerce alemana controlaba los propios empleados ilícitamente mediante un sistema de videovigilancia que tenía videocámaras en varios espacios empresariales, entre cuales salas de venta, almacenes y áreas comunes. 

Por esta razón, el Comisionado Estatal de Protección de Datos (LfD) de la Baja Sajonia ha sancionado notebooksbilliger.de AG con una sanción de 10.4 millones de euros. 

La sociedad sancionada se ha justificado afirmando que el fin de las videocámaras instaladas era de prevenir e investigar sobre los crímenes y de rastrear el flujo de los productos en los almacenes, como subraya la autoridad alemana en el comunicado del 8 de enero, para prevenir los crímenes las empresas pueden utilizar una video surveillance indiscriminada en los entornos laborales, pero en presencia de un sospecho tienen que actuarse gradualmente con controles al comienzo menos invasivos, como pueden ser los efectuados al alzar a quien sale de los locales comerciales. 

También la video surveillance para descubrir los crímenes es lícita sólo si existe un sospecho fundado. En este caso, podría ser permitido controlar con videocámaras para un periodo de tiempo limitado, pero en caso de notebooksbilliger.de AG el funcionamiento de las videocámaras no era ni limitado en un determinado periodo de tiempo ni tampoco dirigido a empleados específicos, y en muchos casos las registraciones se conservaban para un periodo de 60 días, un tiempo más largo de lo necesario. 

No eran solo los empleados a ser controlados sino también los clientes de la empresa mediante videocámaras puestas en lugares de venta, en particular donde las personas testaban los productos que estaban interesados en comprar. 

Se trata de un caso grave de video surveillance en la empresa. 

Barbara Thiel, Comisionado Estatal para la protección de datos en la Baja Sajonia, las empresas tienen que comprender que con una video surveillance violan los derechos de los propios empleados. El presunto elemento disuasivo de las videocámaras, que se invoca frecuentemente, no justifica una interferencia permanente y no concilia con los derechos personales. Si fuera así, las empresas podrían extender el control sin límites. Recordando que los empleados no tienen que renunciar a los derechos personales sólo porque el empresario tiene un sospecho genérico que puedan pasar crímenes. 

La suma de 10.4 millones de euros representa la sanción más alta hasta ahora infligida desde la Autoridad de Supervisión de la Baja Sajonia de acuerdo con el GDPR. 

FUENTE: FEDERPRIVACY

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