El tratamiento de datos personales por los tribunales es parte integrante de la decisión sobre si una persona es culpable de un delito o de la resolución de litigios. Para que un tribunal pueda conocer y resolver un caso imparcialmente, necesita tener a su disposición una cantidad considerable de información, incluidos, por supuesto, datos personales de diversas categorías. Esto es necesario para que el tribunal pueda desempeñar sus funciones básicas, como comunicarse con las partes, organizar audiencias, evaluar el material, remitir la sentencia a otros organismos para su ejecución, etc.
Aunque los tribunales deben cumplir los requisitos del Reglamento de datos al tramitar los asuntos, no es competencia de la Inspección Estatal de Datos (la Inspección) supervisar las actividades que realizan los tribunales en el desempeño de sus funciones. Así pues, las personas no pueden denunciar ante la Inspección supuestas infracciones del tratamiento de datos personales en el curso de procedimientos judiciales.
Esta norma existe dado que cualquier otro agente, incluidas las autoridades públicas, debe respetar la independencia del poder judicial y abstenerse de interferir en el ejercicio de las funciones judiciales fundamentales. Para que un órgano jurisdiccional pueda resolver con eficacia, es importante que disponga de toda la información necesaria para alcanzar este objetivo. El Tribunal, como responsable del tratamiento, sabe mejor que nadie en cada caso concreto qué información y datos necesita para cumplir las obligaciones que le impone la ley, por lo que limitar las actividades del Tribunal podría suponer una amenaza desproporcionada para el funcionamiento del poder judicial.
Del mismo modo, para garantizar que no se lleve a cabo un tratamiento arbitrario y desproporcionado de datos personales durante los procedimientos judiciales, los propios tribunales deben garantizar que los interesados puedan denunciarles dichas infracciones y que las posibles infracciones se evalúen objetivamente. Esto se garantiza, por ejemplo, mediante el derecho a presentar una reclamación accesoria contra las infracciones durante el procedimiento.
Los tribunales aplican medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger los datos personales que están bajo su control. El personal de los tribunales es responsable de garantizar que la información de que dispone sólo se utilice para el desempeño de sus funciones. Los tribunales también garantizarán que los datos personales contenidos en los expedientes de los casos sólo sean accesibles a las personas autorizadas por la ley.
Dado que el público puede tener interés en el trabajo de los tribunales y en los casos concretos que se tramitan ante ellos, existen limitaciones en la ley que protegen los datos personales en situaciones en las que otras personas desean participar en los procedimientos judiciales. A continuación se exponen algunos ejemplos.
Aunque el principio general es que las vistas judiciales sean abiertas, la privacidad de los litigantes, incluidos los datos personales, se protege estableciendo vistas a puerta cerrada cuando se tratan casos que contienen información sensible. Las sesiones a puerta cerrada pueden utilizarse, por ejemplo, para decidir sobre la limitación de la capacidad jurídica de una persona por problemas de salud mental o de otro tipo, o para conceder indemnizaciones por incumplimiento del tratamiento médico. También se prevé una protección especial cuando se trata de menores. En tales vistas, la información disponible para el público (el alcance de la resolución) también está limitada.
Las leyes procesales también establecen lo que debe observarse si los visitantes de una vista desean grabar los procedimientos mediante grabaciones de sonido o imagen. Por ejemplo, en los procesos penales, tanto las grabaciones de sonido como de imagen en una vista deben ser autorizadas por el tribunal y debe obtenerse el consentimiento del acusado, su abogado defensor, el fiscal, la víctima y el testigo (los periodistas están sujetos a normas diferentes). En los procedimientos civiles, sin embargo, las actuaciones pueden grabarse o registrarse de otro modo sin el consentimiento previo del tribunal, pero las fotografías y las películas sólo pueden tomarse con la autorización del tribunal, sobre la que el tribunal también deberá recabar la opinión de las partes.En caso de incumplimiento por parte de los presentes en la vista, el tribunal puede imponer sanciones procesales por tales actos de conformidad con el procedimiento establecido por la ley.
Cuando se publican las resoluciones judiciales, los datos que pueden identificar a una persona física (por ejemplo, nombre, dirección de residencia y propiedad inmobiliaria, número de matrícula nacional del automóvil) se suprimen o sustituyen por las indicaciones adecuadas.
https://www.dvi.gov.lv/lv/jaunums/dviskaidro-kas-ir-jazina-par-datu-apstradi-tiesas