Después de una sentencia del Tribunal Supremo del Canadá hoy sobre la constitucionalidad de la ley sobre la no discriminación genética, DAniel Therrien, el Comisionado de Privacy de Canadá:

Acogemos con satisfacción la decisión de hoy del Tribunal Supremo de Canadá que apoya la constitucionalidad de la ley sobre la no discriminación genética. La ley refuerza los derecho de privacy de los Canadienses, no solamente en relación con las informaciones personales, sino también con sus integridad corporal y sus misma dignidad de ser humanos.

La ley afirma que las personas no son en algún modo obligadas a revelar los resultados de un test genético a los empresarios, a una compañía de seguros o a cualquiera otra actividad, ni tienen que sentirse presionado para hacerlo. Si, de otra manera, una persona quiere divulgar sus propios resultados de manera voluntaria, el consentimiento de aquella persona tiene que ser escrito, plenamente informado y dado de manera libera.

En sus razones, la mayor parte del Tribunal ha observado que la ley fue concebida para proteger el interés importante que los individuos tienen en el decidir si tener acceso o no a las informaciones genéticas detalladas reveladas desde un test genetico y se compartir o no los resultados con otros.

La recogida de informaciones personales, incluidas las informaciones genéticas sensibles, puede provocar discriminaciones. En un momento de solicitud sin precedentes de datos personales, esta ley es un desarrollo de fundamental importancia para la protección de los datos de privacy.

El caso brevemente:
Referimiento relativo a la ley sobre la no discriminación genética.

El Parlamento tiene el poder de hacerlo un crimen obligar a alguien a someterse a un test genético o a revelar los resultados de un test, que ha declarado el Tribunal Supremo.

Los test genéticos examinamos el material genético (como el DNA) desde el cuerpo de una persona. Puedes descubrir informaciones como enfermedades que una persona podría tener, sufrir o trasmitir a sus hijos.

El Parlamento ha aprobado una ley sobre la no discriminación genética para establecer leyes sobre los tests genéticos relativos a enfermedades. Es un crimen obligar a alguien a hacer un test, o compartir los resultados, firmar un contrato o comprar algo. Por ejemplo, las compañías de seguros no podían testar las personas para obtener una cobertura de seguro de vida. El Parlamento también ha puesto como crimen la recogida, el uso o la compartición de los resultados de test genéticos de una persona sin su consentimiento. Quienquiera que viola la ley podría ser sancionado hasta 1 millón de dólares o puesto en prisión hasta un máximo de cincos años, o ambos.

El Gobierno del Quebec no pensaba que el Parlamento tenía el poder de establecer estas reglas. Esto porque la Constitución Canadiense establece diferentes poderes a las provincias y gobiernos federales. Por ejemplo, el Parlamento (la rama del Gobierno Federal encargado de promulgar leyes) tiene el poder de promulgar leyes penales. Los legisladores provinciales (que promulgan leyes por cada una provincia) pueden promulgar leyes sobre los derechos civiles. Esto incluye las leyes sobre la compra y la venta de bienes y servicios. Si un legislador provincial o un Parlamento aprueba una ley que solo uno tiene el poder de promulgarla, la ley será inconstitucional.

El Gobierno del Quebec ha solicitado al Tribunal de Apelación del Quebec decidir si las reglas se consideraban inconstitucionales. El fiscal general del Quebec ha declarado que las leyes eran inconstitucionales porque en realidad se trataba de establecer leyes para los contratos de seguros y de trabajo y de promoción de la salud, no de hacer un derecho penal. El fiscal general de Canadá ha concordado.

Los fiscales generales de Quebec y Canadá han afirmado que las leyes eran inconstitucionales. Para asegurarse de haber escuchado la otra parte del argumento, el Tribunal de Apelación ha nombrado una “amicus curiae” para sostener que eran constitucionales. “Amicus curiae” es un término latino que significa “amigo de la corte”. Es un abogado independiente que un tribunal pide participar en el caso. El “amigo curiae” afirma que las reglas estaban destinadas a proteger la seguridad y la dignidad de las personas vulnerables y de prevenir los resultados que habrían sido moralmente incorrectos. Ha afirmado que esto formaba parte del poder del Parlamento de promulgar un derecho penal.

El Tribunal de Apelación ha concordado con los abogados generales y ha declarado que las reglas eran inconstitucionales. Dijo que el Parlamento no tenía el poder de establecer las reglas porque se refieren a cosas bajo el poder provincial. El Tribunal de Apelación ha afirmado que las reglas no tenían nada que ver con el derecho penal.

La Canadian Coalition for Genetic Fairness ha sido un “interesado” cuando el Tribunal de Apelación ha escuchado el caso. Los alteradores son personas o grupos que obtienen la autorización desde el tribunal para expresar sus propia perspectiva. Algunos son autorizados a presentar argumentos de personas en juicio. Ayudan a los jueces a ver diferentes angulaciones y a tomar las decisiones mayores, La coalición ha afirmado que las reglas han afectado el poder del Parlamento de promulgar un derecho penal porque protegían la salud, la privacy y la igualdad de las personas. La coalición ha apelado el Tribunal de Apelación y el Tribunal Supremo.

La mayor parte de los jueces del Tribunal Supremo ha declarado que la reglas eran constitucionales. Cinco jueces han acordado que el Parlamento tenía el poder de crear nuevas reglas. Han dicho que las reglas eran una ley penal porque prohibían algo y creaban castigos para infringir las reglas, y porque las mismas intentaban de evitar daños. Dijeron que esto es lo que el derecho penal está destinado a hacer. Estos jueces discreparon sobre lo que realmente se trataba de las reglas y los tipos de daño que estaban destinados a prevenir.

Este caso llegó a la Corte Suprema como una apelación de una «referencia» provincial. Las referencias son preguntas sobre las que los gobiernos piden a los tribunales su opinión. (En la ley, una «opinión» no es sólo una creencia o punto de vista. Es una explicación formal de la ley.) El gobierno federal puede pedir a la Corte Suprema una opinión legal sobre un asunto. Los gobiernos provinciales y territoriales pueden pedir opiniones a sus Tribunales de Apelación, y estas opiniones pueden ser apeladas ante el Tribunal Supremo. Las apelaciones en las referencias de los Tribunales de Apelación no necesitan licencia (permiso) para ser escuchadas por la Corte Suprema. Este caso comenzó como una referencia al Tribunal de Apelación de Quebec por el gobierno de Quebec.

Los casos en Breve son preparados por el personal de comunicaciones de la Corte Suprema de Canadá para ayudar al público a entender mejor las decisiones de la Corte.

No forman parte de las razones de juicio del Tribunal de Justicia y no son para uso en procedimientos judiciales.

Tras el fallo de hoy de la Corte Suprema de Canadá sobre la constitucionalidad de la Ley de No Discriminación Genética, Marie-Claude Landry, Comisionada Principal de la Comisión Canadiense de Derechos Humanos, emite la siguiente declaración:

«Hoy es una victoria para los derechos humanos y la privacy de todos los canadienses. La Comisión Canadiense de Derechos Humanos aplaude la decisión de hoy de la Corte Suprema de Canadá que confirma la constitucionalidad de la Ley de No Discriminación Genética de 2017. Esto significa que la discriminación contra una persona debido a su composición genética sigue siendo ilegal en todo el país, y que las personas en Canadá no tienen que vivir con miedo de cómo su información genética podría ser utilizada algún día contra ellos.

«Durante años, la Comisión Canadiense de Derechos Humanos se ha unido a las voces de otros defensores para pedir protecciones más estrictas en todos los niveles de los gobiernos del Canadá contra los daños de la discriminación genética.

«La investigación genética y los usos de la información genética es un área de la ciencia en rápida evolución, con beneficios ya comprobados. Pero todavía tenemos que entender completamente las vastas implicaciones y los riesgos potenciales. A medida que se desarrolla la tecnología, los derechos humanos y los derechos de privacy deben desarrollarse junto con ella.

«La decisión de una persona de tomar una prueba genética que podría salvar su vida no debe ser un riesgo calculado. No debe venir al precio de no ser contratado, de no poder adoptar a un niño, viajar, obtener un seguro o acceder a la atención médica. La gente en Canadá no debería tener miedo de que la misma tecnología destinada a ayudarlos pueda algún día ser utilizada contra ellos, o sus hijos.

«Aunque el fallo de hoy es tranquilizador para las personas de todo Canadá que necesitan los beneficios de una prueba genética, todavía queda trabajo por hacer. Desde 2017, la Ley Canadiense de Derechos Humanos ofrece protección adicional contra la discriminación genética bajo jurisdicción federal. Seguiremos animando a los gobiernos provinciales y territoriales a que realicen mejoras similares en su propia legislación en materia de derechos humanos. Además, instamos al Parlamento a que afirme la privacy como un derecho humano en Canadá. Se necesita un enfoque de derechos humanos para la reforma de la ley de privacy en este país para abordar las preocupaciones emergentes sobre cómo la tecnología y el mundo digital están afectando cada vez más a nuestra vida cotidiana.

«La tecnología y la privacy son fundamentales para la próxima generación de derechos humanos. Todos en Canadá deberían poder beneficiarse de la tecnología sin miedo. El fallo de hoy es un paso crítico en la dirección correcta».

FUENTE: AUTORITA’ PER LA PROTEZIONE DEI DATI DEL CANADA – SUPREME COURT OF CANADA – CANADIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION