El tribunal administrativo de Finlandia del este ha rechazado la solicitud de un responsable del tratamiento de anular las decisiones de la Autoridad de Protección de datos y del Consejo para las Sanciones. El Tribunal Administrativo considera que la imposición de una sanción administrativa fuera correcta y que la suma de la sanción fuera efectiva, proporcionada y disuasoria. Esta es la primera decisión del tribunal administrativo sobre las sanciones administrativas impuestas desde la Oficina de la Autoridad de Protección de Datos.
En mayo de 2020, el Consejo para las Sanciones del la Autoridad de Protección de Datos ha impuesto una sanción de 16.000 euros a un responsable del tratamiento de datos en violación del Reglamento de Protección de Datos (GDPR), para no haber efectuado una evaluación de impacto en relación a los datos sobre la ubicación de los empleados.
El responsable se ha apelado a las decisiones del Tribunal Administrativo, que en mayo de 2016 ha emitido una decisión que rechaza las solicitudes del recurrente. En su decisión, el tribunal administrativo ha encontrado que el procedimiento antes de la imposición de la sanción por parte del DPO se cumplía con los requisitos del código administrativo en una audiencia.
El tribunal administrativo considera que la suma de la sanción ha sido efectiva, proporcionada y disuasoria. La decisión concluye que una sanción hasta 1.500 euros, como presentada desde el responsable de la protección de datos en su apelación, no tendría un efecto tal debido a su pequeño valor.
El fin de una evaluación de impacto sobre la protección de datos es de ayudar a identificar y gestionar los riesgos de tratamiento de datos personales. Según el artículo 35 del Reglamento de Protección de Datos, una evaluación de impacto tiene que ser efectuada antes del comienzo del tratamiento si el tratamiento previsto puede presentar un riesgo elevado para los derechos y libertades de las personas.
La evaluación tiene que tener en cuenta la naturaleza, la portada, el contexto y las finalidades del tratamiento.
La decisión no es definitiva
FUENTE: AUTORITA’ PER LA PROTEZIONE DEI DATI DELLA FINLANDIA