En la consulta se propone introducir la obligación para los proveedores de servicios electrónicos de memorizar las direcciones IP, de manera que la policía pueda acceder a las direcciones IP para prevenir e investigar sobre los crímenes.
El memorándum de consulta se centra sobre los dos casos en los cuales la policía desea informaciones sobre una dirección IP.
Todavía, las implicaciones sobre la privacidad relativas al derecho de obtener todos las direcciones IP que una persona ha utilizado en un determinado periodo de tiempo son poco discutibles.
La colección incluirá también los movimientos.
El uso de la dirección IP ha crecido a la par con la digitalización de la sociedad.
Nos rodeamos de equipos – ordenadores, smartwatch, teléfonos móviles, coches, etc. a los cuales están asignados direcciones IP diferentes. La dirección IP, el nombre y la ora asignados pueden ofrecer informaciones sobre los movimientos cuando se contextualizan en un determinado periodo de tiempo.
La policía tendrá acceso a las informaciones sin control preventivo, esto podría llevar un control secreto.
El umbral es bajo.
Está disponible, entre otras cosas, para obtener informaciones a fines de prevención.
Permitiendo obtener informaciones para la prevención, es posible controlar a las personas sin que sean sospechas de un acto criminal. Es absolutamente necesario que las condiciones sean claras y que ofrezcan la oportunidad de control cuando se obtienen direcciones IP.
Esta es una tipología de control secreto que ha sido hasta ahora sujeta a un control riguroso, pero que ahora es abierta para ofrecer una acceso prácticamente gratuito.
Vemos que la policía debe tener acceso a la identificación de las direcciones IP, entre otras cosas para combatir el ciberacoso. Pero las consecuencias para la privacidad no se han investigado adecuadamente y el umbral para que los delitos puedan desencadenar la vigilancia es bajo.
No hay supervisión judicial independiente
La propuesta tampoco cumple con los requisitos establecidos en las recientes sentencias de la UE sobre Derechos Digitales / Cuadratura en cuanto a los requisitos de un control previo independiente para la obtención de direcciones IP relacionadas con el nombre y la hora.
Además, la obtención de direcciones IP basadas en una persona durante un periodo de tiempo determinado podría dar lugar a una vigilancia encubierta que sería contraria tanto al artículo 102 de la Constitución como al artículo 8.
Se establecen condiciones estrictas sobre cuándo se puede permitir la vigilancia secreta y se exige un control previo independiente para aplicar la vigilancia secreta.
Debe verse en relación con la nueva ley electrónica
La propuesta debe considerarse en relación con la presión general de vigilancia en la sociedad, incluida la aplicación de la recopilación facilitada en virtud de la nueva Ley de Servicios de Inteligencia.
Si se aplica la medida, gran parte de las comunicaciones por Internet de los ciudadanos noruegos estarán a disposición de las autoridades.
A la Inspección de Datos le preocupa que la propuesta, si se adopta, pueda tener un efecto escalofriante en nuestra sociedad.
En la encuesta sobre privacidad de la Inspección de Datos, el 16% respondió que no ha participado en un debate en el campo de los comentarios o en Facebook porque no está seguro de que las autoridades, como la policía, la PST o los servicios de inteligencia, puedan acceder a la información . Se trata de un porcentaje importante en un país en el que la confianza en las autoridades públicas es generalmente alta.
Falta la aportación de la Comisión de Privacidad
El gobierno ha nombrado una comisión de privacidad para evaluar la situación de la privacidad en Noruega, que, entre otras cosas, examinará la privacidad en el sector de la justicia.
Es lamentable que tanto esta propuesta como la de facilitar la recaudación se apliquen antes de que la comisión haya estudiado y evaluado las posibles consecuencias para la democracia y la sociedad al introducir una medida tan intrusiva.