Aprobado desde la Autoridad de Protección de Datos de Italia – formada por Pasquale Stanzione, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia, Guido Scorza – el plan de inspección por el segundo trimestre.
La actividad de investigación de la Autoridad Italiana de Protección de Datos, desarrollada en cooperación con el Nucleo Speciale de protección de privacy y fraudes tecnológicas de la Guardia di Finanza, sigue desde la empezada en el primer semestre y es sobre los tratamientos desarrollados en ámbito de sectores particularmente delicados, como la facturación electrónica, el whistleblowing, la entrega de alimentos, las violaciones de la seguridad de los datos.
Las investigaciones se refieren también a las sociedades que operan en el sector considerado “rating reputacional”.
Las otras investigaciones programadas desde la Autoridad de Protección de Datos estarán dirigidas a verificar el respeto de las normas en la liberación de los certificados mediante el Registro Nacional de la población residente, y en la actividad de marketing, tanto en el sector público como en el sector privado.
Los controles también se centrarán en la adopción de medidas de seguridad por parte de las administraciones públicas y las empresas que manejan determinadas categorías de datos personales; el cumplimiento de las normas de información y consentimiento; y los tiempos de retención de los datos. La actividad de inspección se llevará a cabo también a raíz de informes y denuncias, prestando especial atención a las violaciones más graves.
Entretanto, una evaluación inicial de las actividades de inspección y sanción de la Autoridad en el primer semestre de 2020 muestra un aumento significativo de los ingresos totales procedentes de las sanciones, que pasaron de 1 millón 223 mil euros en el primer semestre de 2019 a 7 millones 108 mil euros, lo que representa un incremento del 481%. Además, se realizaron registros por un importe total de 5 millones 42 mil euros (+124%), frente a 2 millones 248 mil euros en el primer semestre de 2019, en los que participaron infractores que no hicieron uso de la opción de definición facilitada prevista en el Decreto Legislativo Nº 101. de 2018.
Las investigaciones realizadas en el primer semestre de 2020, también con la contribución de la Unidad de Protección Especial de la Privacy y el Fraude Tecnológico de la Guardia di Finanza, se refirieron a numerosos sectores, tanto en el sector público como en el privado: en particular, la facturación electrónica, los grandes bancos públicos, los programas informáticos para la gestión de «whistleblowing», las empresas de intermediación inmobiliaria, la comercialización, los operadores turísticos. FUENTE: FEDERPRIVACY